Complicado clima laboralGran incertidumbre existe en el mundo laboral respecto a la inminente entrada en vigencia del dictamen interpretativo promulgado por la Dirección del Trabajo para modificar los alcances de la polémica Ley 20.281 de la Semana Corrida, creada para beneficiar al sector asalariado del país que no cuenta con renta fija. La legislación modifica el artículo 45 del Código del Trabajo y su idea original es beneficiar a trabajadores contratados por producto vendido que no tenían remuneración los días de descanso, puesto que la Semana Corrida es aquella fórmula que obliga al empleador a pagar el séptimo día a los trabajadores remunerados por día, hora o faena. El punto que ha suscitado polémica es que, en su redacción, la Ley 20.281 homologa el sueldo base con el salario mínimo, al otorgarle semana corrida a quienes reciben remuneraciones variables como la comisión por tarea. Esta medida podría, por ejemplo, incrementar el sueldo de los empleados del retail hasta en un 20%. Considerando que hoy los trabajadores con remuneración variable representan más de la mitad de la fuerza laboral del país, y se concentran mayormente en el comercio, los empresarios organizados han puesto un grito de alarma y ya hablan de despidos. Según estimaciones de Massiel Zavala, abogada de la empresa de recursos humanos Adecco, las empresas tendrán un incremento en sus costos de planilla de hasta un 22% por concepto de remuneraciones. Esto incentivaría recortes de personal. Para darle solución a esto, la Dirección del Trabajo ha emitido un dictamen que recalcula la semana corrida para que estos costos no sean tan impactantes. El problema es que, en rigor, un dictamen no manda más que una ley. Entonces, ¿qué norma orientará la decisión de los tribunales? Por su parte, los trabajadores han rechazado esta fórmula.
MAYORES COSTOS DE PRODUCCIÓN
El diputado UDI Julio Dittborn, uno de los gestores del proyecto en el marco de la Comisión de Trabajo de la cámara, plantea que la Semana Corrida "terminó aumentándole el sueldo en forma muy importante a todas las personas que ganan comisiones" y agrega que "eso no era lo que inicialmente la ley buscaba". Por ejemplo, un trabajador cuyo porcentaje de remuneración variable es 60% y que trabaja 6 días a la semana, experimenta un incremento salarial igual al 10%. En el caso de los que ganan comisiones, pueden incluso ganar un 22% más. Según un documento publicado por el Instituto Libertad y Desarrollo (Lyd) sobre este tema, "la Ley 20.281 afectará a las empresas del retail pues éstas "incurrirán en mayores costos salariales sin recibir ningún aumento en productividad o mayor cantidad de horas trabajadas a cambio". Esta situación "perjudica a las empresas que están muy apretadas y tienen muchos trabajadores que ganan comisiones, obviamente eso va a significar un aumento de costos muy importante y probablemente no un aumento de ventas o de ingresos importante, porque esto es cosa de una sola vez", corrobora por su parte Dittborn. El informe de LyD dice que el mercado laboral chileno cada vez es menos flexible y la legislación apunta a mayores costos de contratación, situación que evidencia que el uso de este mercado para fines sociales "termina perjudicando a los trabajadores". En esto coincide Zavala, quien señala que "por mucho que la ley ampare a los trabajadores y aumente sus beneficios, se produce un arma de doble filo, porque si se aumentan de forma descontrolada, se van a ver perjudicados por los despidos masivos".
DESPIDOS MASIVOS La abogada de Adecco estima que con la aplicación de esta ley en plena crisis, "los empleadores van a tener la obligación de aumentar la remuneración a los trabajadores, pero no van a tener plata para pagar eso. Pueden haber un montón de despidos". Al margen de gastar más en salarios, "también hay un gasto a nivel de las empresas que es modificar el sistema de pago de remuneraciones, el tema informático. Eso también origina un costo alto para la empresa de tiempo y dinero", dice Zavala. Adecco lo sabe porque ya implementó este nuevo sistema. Otro problema es que ya los empresarios han advertido que, para evitar estos costos, se podrían disfrazar los pagos variables a través de ítems en la liquidación de sueldo o simplemente cancelarlos por fuera. Estas situaciones precarizarían el trabajo. Ante esta situación, la diputada PPD Adriana Muñoz, quien también trabaja en la Comisión de Trabajo, opina que "cada vez que se logra avanzar en los derechos laborales de nuestro país, vienen de inmediato las amenazas de despidos y desaparición de las fuentes laborales; sin duda, eso es parte de la cultura empresarial más retrógrada". La legisladora cree que muchos empresarios "viven todavía en una mentalidad anquilosada, fundada en el abuso laboral. Así vemos que, invocando a la crisis, podemos echarnos al bolsillo derechos laborales, leyes aprobadas y conquistas históricas". Esa es también la opinión de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes han restado dramatismo a los costos; según sus cálculos, el aumento en sueldos no supera el 9%. "Si va a haber desempleo, lo habrá con aplicación de la ley de semana corrida o sin ella. Buscan aprovecharse de este escenario amenazante", dice el gremio. Rechazando dictámenes que interpreten la ley, los trabajadores han anunciado paro nacional para el 17 de abril. "Tenemos que llevar la movilización al territorio, la población y a las faenas. El proceso de paralización irá de la mano de movilizaciones, porque la crisis al final quienes la pagamos somos los trabajadores", sentencia Cristián Cuevas, secretario de negociación colectiva de la CUT.
CONFUSIÓN LEGAL
Según la diputada Muñoz, la presión de las empresas ha derivado en la instrucción especial de la Dirección del Trabajo, que a su juicio "le hace prácticamente una multa del 35% al trabajador cuando disfruta de su día de descanso".
El pago del 65% contradice el cálculo establecido oficialmente, que paga en día de descanso la suma total de las comisiones diarias por el número de días trabajados. Al respecto, la institución ha desistido de dar nuevas declaraciones. La diputada PPD aprovecha este medio para instar a que la Dirección del Trabajo "comparezca a la Comisión de Trabajo para que nos explique cómo es posible que, mediante un dictamen, se revierta una ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento", lo cual significa pasar por alto la decisión de las dos cámaras. Esta contradicción es problemática ya que genera incertidumbre en el sector empresarial respecto a qué normativa se tomará en cuenta para cada fallo judicial. "La ley es poco clara. Estamos stand by y no sabemos que va a pasar. La única forma sería dictar una nueva ley que aclarara este punto", señala la abogada de Adecco. Zavala hace un llamado a trabajadores y empleadores a alcanzar un consenso y "no renunciar a sus derechos pero sí a ser más cautos en sus decisiones". Por su parte, el diputado Dittborn solicita a los empresarios que "traten de evitar los despidos, traten de capacitar a sus trabajadores en estas épocas malas; hay que hacer un esfuerzo por cautelar el empleo, porque vamos a tener un 2009 muy difícil".
La Nación.
